jueves, 15 de septiembre de 2011

DEMASIADAS INCERTIDUMBRES PARA INICIAR EL CURSO

Iniciando ya, los niños y niñas de Cantabria este nuevo curso escolar, los trabajadores de la enseñanza de esta comunidad, y la Federación de Enseñanza de CCOO comenzamos el mismo con una serie de incertidumbres que este nuevo gobierno nos ha creado.

Es verdad que desde el mes de Junio el gobierno presidido por el sr. Diego ha tomado posesión, pero mucho me temo que lo que se dice trabajar, como mucho, lo hace a medio gas. Por tanto, en vez de gestionar e ir avanzando, en materia educativa el consejero Serna nos da una de cal y otra de arena.

Comenzó su responsabilidad haciendo una declaración de intenciones de lo más peligrosa para la Escuela Pública de Cantabria. La intención de volver a concertar el colegio Torrevelo – colegio segregador por razones de sexo- nos hizo poner en alerta ante las intenciones del gobierno del PP en nuestra comunidad.

Parece sorprendente que con un presidente cuya procedencia es la Escuela Pública de Cantabria, lo primero que haga es intentar mermar el trabajo a sus compañeros y empeorar sus condiciones laborales.

Lo segundo que hizo este nuevo consejero, fue desdecir al portavoz del PP hasta ese momento en materia educativa. El sr. Cagigas – actualmente Presidente del Parlamento de Cantabria – se pasó toda la campaña electoral diciendo que su partido así que llegase al gobierno convocaría inmediatamente las oposiciones de Maestros. El Consejero Serna le ha enmendado la plana, y de lo dicho nada; para el año que viene secundaria!

Desde CCOO le pedimos que nos explique antes de cualquier negociación relacionada con la oferta de empleo, que nos aclare cuál es su propuesta de legislatura para consolidar las más de 1500 vacantes, además de las jubilaciones de estos años, en empleo estable. Por que mucho nos tememos que la improvisación sea su manual de funcionamiento a la vista de sus declaraciones.

Por otro lado, al iniciar el curso los alumnos nos encontramos con que esta nueva administración, ha empleado un sistema informatizado de gestión de vacantes, que ha funcionado bien. Pero al tiempo, han dejado de cubrir una serie de vacantes significativas, así como no han cubierto sustitución alguna a excepción de unas pocas de Primaria e infantil. Creemos que con la intención de “lavar la imagen” ante las familias, en vez de solucionar las deficiencias que tienen los Centros Educativos de nuestra región.

La pasada semana, nos encontramos con la última perla de nuestro Consejero. Ahora está muy preocupado por la autoridad del profesorado. En vez de salir a defender a sus trabajadores de los insultos que todos hemos recibido de la señora Aguirre, este consejero sigue a pies juntillas sus pasos. Hagamos memoria, hace poco más de un año, estaban en la Comunidad de Madrid debatiendo en su parlamento una Ley de autoridad del profesorado, para que hace unos días la presidenta de esa Comunidad diga públicamente que somos unos vagos. ¡Vaya apoyo a la Autoridad de los Docentes!

En fin, que en Cantabria este año, además de estrenar un gobierno claramente conservador, nos encontramos con un inicio de curso cargado de incertidumbres. En cierto modo, por que el consejero aún no ha mantenido ninguna reunión con la Junta de Personal Docente para explicarnos a todas las organizaciones sindicales cuáles van a ser sus políticas. Y por otro lado, por que cada declaración pública del consejero Serna ha supuesto un nuevo sobresalto a todos los que defendemos una Escuela Pública inclusiva, de calidad y equidad para nuestra región.

La principal incertidumbre que tenemos en CCOO la podríamos resumir en si el PP de Cantabria hará unas políticas educativas, sociales, … similares a las de las presidentas Aguirre y Cospedal –arietes de lo público por antonomasia- o por el contrario tomará como modelo al PP castellano leones del sr. Herrera, mucho más moderado en sus políticas.

domingo, 11 de septiembre de 2011

Regreso al pasado

Cuando se ha generalizado el convencimiento de que la educación es la mejor inversión en términos económicos y sociales, cuando nadie duda de que la formación de nuestros jóvenes es el mejor camino para ganar en productividad, cuando tenemos la imperiosa necesidad de reducir las altas tasas de abandono educativo temprano si queremos avanzar en la configuración de un nuevo modelo productivo más allá del monocultivo del ladrillo, cuando aún tenemos tanto por hacer para garantizar más y mejor educación para todo el alumnado, una catarata de recortes amenaza con retrotraernos a un pasado que siempre fue peor.

En la Comunidad de Madrid, los recortes en educación y señaladamente en la enseñanza pública no son una novedad. Forman parte de un plan diseñado por el Gobierno Regional, que se lleva a cabo desde el año 2003, aunque se ha intensificado desde el 2007 con la segunda mayoría absoluta de Esperanza Aguirre. De la mano de esos recortes se ha reducido año tras año la participación del gasto educativo en el conjunto del presupuesto, se han “jibarizado” todos los programas que tenían por objeto la compensación de las desigualdades, se han detraído recursos materiales y humanos de los centros educativos que desempeñan su tarea gracias al compromiso de un profesorado permanentemente denostado por la Presidenta Regional y por su Consejera de Educación, se ha pervertido el carácter compensador de la política de becas y ayudas para favorecer a las rentas medias y altas en detrimento de quienes realmente lo necesitan, se ha acabado con la formación permanente del profesorado, se ha intentado acabar con la orientación educativa, se han empeorado las condiciones laborales del profesorado dejando en suspenso el Acuerdo Sectorial Docente o se ha acabado con el carácter educativo de la etapa de educación infantil para facilitar su privatización a través de la entrada en el sector de empresas de servicios dedicadas, por ejemplo, a la limpieza viaria. En paralelo a los recortes en la enseñanza pública, se ha facilitado la implantación de la privada a través de la cesión de suelo público, del incremento de unidades concertadas o de desgravaciones fiscales.

Hay que decir que como consecuencia de estas políticas, el número de alumnos repetidores en sexto de primaria o en cuarto de la ESO no deja de crecer y que las tasas de abandono educativo temprano se han incrementado en 7 puntos.

Los recortes anunciados para el curso que comienza no son más que nuevos pasos en la misma dirección. Forman parte del plan para socavar el derecho a la educación y la escuela pública en la Comunidad de Madrid. El recorte de 3.200 profesores va a gravitar muy negativamente no sólo sobre la calidad de la educación madrileña, sino también sobre la equidad, puesto que la desaparición de las medidas de atención a la diversidad va a perjudicar más al alumnado más desfavorecido, colocándonos ante un previsible escenario de aumento del fracaso escolar. Sin plantillas suficientes, los centros tendrán dificultades para mantener los desdobles en idiomas o en las áreas instrumentales, que tan buen resultado ofrecían. Tampoco podrán mantenerse los grupos de refuerzo o las clases de profundización. La desaparición del carácter lectivo de las tutorías con alumnos es un importante retroceso. Desvalorizar la tutoría es un enorme error ya que existe un consenso generalizado en señalar que se trata de un elemento imprescindible para garantizar el éxito escolar o para intervenir ante problemas de convivencia o de acoso escolar. Las dificultades que se añaden al imprescindible trabajo de coordinación que llevan a cabo los departamentos didácticos van a dificultar la programación y la evaluación de las materias.

Todo ello además del drama que supone mandar a 3.200 profesores interinos al paro y de la inseguridad de los 1.200 funcionarios que se encuentran al inicio de curso sin destino, en situación de expectativa.

En esta decisión opera más la ideología que la economía. El PP siempre ha desvalorizado la atención a la diversidad desplegada desde un sistema educativo que ofrezca más a quién más lo necesita. Son más partidarios del “café para todos”, de un menú único, de tal suerte que el alumnado que presente mayores dificultades se quede fuera del sistema educativo sin titulación. De llevarse a cabo, los recortes previstos tendrán consecuencias mensurables en términos de mayores índices de fracaso escolar y de abandono educativo temprano. Pero además contribuirán a reforzar el sesgo social del fracaso escolar. Quieren mirarse en el pasado y retrotraernos a los rasgos de un sistema educativo que no puede dar respuesta a la diversidad y complejidad del alumnado actual ni a las demandas de la sociedad. Y digo que no opera la economía porque la parte del león del monto del recorte (CCOO lo ha cifrado en 115 millones de euros) irá a financiar las desgravaciones fiscales de las familias que llevan a sus hijos a la enseñanza privada (90 millones de euros). Así pues, estamos ante un nuevo ejemplo de redistribución regresiva de las rentas en la Comunidad de Madrid.

Y para colmo han tratado de legitimar los recortes socavando la credibilidad del profesorado y desvalorizando su trabajo, lo que no contribuye a mejorar su consideración social ni esa autoridad que nos quieren dar por ley y nos niegan cada día con sus hechos. Quien ha sido Ministra de Educación, no puede ignorar que el profesorado no trabaja 18 horas a la semana sino 37 y media, como el presentador del telediario no trabaja media hora al día, ni un cirujano el tiempo concreto que está en el quirófano…

En la lectura que las posiciones neoliberales hacen de la crisis, corremos el riesgo de que las políticas sociales y los servicios públicos que constituyen la columna vertebral del Estado del Bienestar se vayan por el sumidero, en un peligroso viaje al pasado. Muchas Comunidades Autónomas han sacado las tijeras de podar el gasto público. Y corremos el riesgo de que los recortes en educación lastren una salida de la crisis en la que la educación ha de jugar un papel fundamental. En CCOO solemos decir que ante la crisis más y mejor educación. Y es que sin educación no hay futuro.

CCOO va a ser beligerante con estos recortes y buscará las alianzas sectoriales y sociales que permitan hacerles frente.

Francisco García | Secretario de Enseñanza de CCOO de Madrid.

Publicado en: Nueva Tribuna

lunes, 5 de septiembre de 2011

MANIFIESTO CONTRA LA REFORMA CONSTITUCIONAL. POR LA CONVOCATORIA DE UN REFERENDUM.

La reforma de la Constitución que impulsan PSOE y PP para impedir el déficit público implica la aceptación por el sistema político del control ideológico y material de la acción de gobierno por el capital financiero organizado a escala global. Es una exigencia inconsistente con un nivel muy razonable de endeudamiento público, causado precisamente por el soporte financiero a la banca en crisis.

Como medida de política económica europea, se trata de una decisión desvinculada de otras medidas económicas en el espacio europeo mucho más significativas, como la reforma fiscal, el control de los mercados financieros, la creación de eurobonos y tantas otras modificaciones imprescindibles para configurar una verdadera política económica y fiscal común.

Una medida que sigue colocando en segundo lugar, lo que debe ser la prioridad entre las prioridades, el empleo, y para crear empleo, es fundamental la generación de actividad económica.

La prohibición, de otra parte, del déficit público coloca a España en una situación de desigualdad permanente en un equilibrio asimétrico de la llamada “gobernanza” europea. Las inversiones contracíclicas y el mantenimiento del estado social en momentos en los que su financiación es insuficiente, pueden requerir endeudamiento, y por tanto, que exista déficit en los años en los que dure la amortización de la deuda emitida para financiar estas inversiones sociales, lo que podrán hacer otros países europeos pero no el nuestro.

La limitación constitucional del déficit público está por tanto directamente relacionada con la cláusula social del art. 1.1 de la Constitución española, y esta a su vez con el art. 9.2 del mismo texto constitucional que obliga a los poderes públicos a una labor permanente de eliminación de las situaciones de desigualdad económica, social y cultural que dividen y fragmentan a los ciudadanos de un país. Al establecer de forma general y absoluta una prohibición para todos los organismos y administraciones del Estado de endeudarse en un porcentaje determinado del PIB que fijará una ley orgánica, está condenando a la inmovilidad a una buena parte de la acción de las políticas públicas de igualdad y de nivelación social. Con ello se está impidiendo en la práctica la satisfacción eficaz de muchos derechos sociales reconocidos en la constitución para que se materialicen en la acción pública ante la imposibilidad de utilizar recursos presupuestarios públicos para poner en práctica actuaciones de nivelación social constitucionalmente garantizadas. Por ello el techo constitucional al déficit público no es un a “regla técnica” sino una declaración política e ideológica que incide fuertemente en la función del Estado social, porque niega a los poderes públicos uno de los mecanismos importantes para encarar en un momento histórico determinado compromisos sociales que se han reconocido como derechos y que requieren de la actividad prestacional del Estado y de las Comunidades Autónomas para su materialización efectiva

Pero además de atentar contra la cláusula constitucional del Estado social, la forma en la que se quiere adoptar esta modificación implica una actitud inequívocamente antidemocrática, que rompe el pacto constituyente que dio origen a nuestra constitución y busca expresamente que no se pueda producir la participación popular a través de un referéndum. El procedimiento de aprobación previsto persigue explícitamente que no haya ningún debate público sobre el contenido y las consecuencias de la misma. Eso implica que un cambio en la Constitución de una nación se pueda realizar en vacaciones, sin que los ciudadanos puedan ni siquiera reaccionar ante una modificación extremadamente importante de las condiciones de su convivencia social, y sin que desde luego éstos puedan participar mediante su voto en la aceptación o el rechazo de tal medida. Es una reforma que sofoca la democracia y desconfía claramente del fundamento democrático y popular que sostiene el andamiaje de nuestra Constitución.

Por tanto, los firmantes de este manifiesto expresamos públicamente nuestro rechazo a la propuesta de reforma de la Constitución Española, y pedimos a los diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios que no la voten favorablemente y exigimos firmemente que, en el caso de que la propuesta fuera aprobada, se convoque un referéndum para su ratificación.