miércoles, 27 de enero de 2010

La Precariedad Laboral de la Consejería de Educación

La Consejería de Educación de esta comunidad ha sido durante todos estos años una fuente inagotable de proyectos, planes, y propuestas educativas. No dudamos que todas ellas están cargadas de una gran intención y una sesuda reflexión para procurar una mejora del modelo educativo de Cantabria.

Pero la Consejería se confunde. No por más planes, programas, etc. mejora el modelo. No por hacer más propaganda es mejor nuestra educación. Donde verdaderamente hay que hacer una apuesta valiente y firme es en la creación de empleo de calidad.

Últimamente, esta Consejería esta deambulando por la senda de los empleos “basura”, subcontrataciones y la no consolidación de empleo. No reconoce ni por asomo la firma del Acuerdo MAP-Sindicatos que obliga a una tasa de interinos del 8%. Está ampliando la nómina de becarios de manera exponencial. Está subcontratando con empresas que no reconocen subrogaciones, y permite que por el mismo trabajo los técnicos en Educación Infantil estén cobrando cantidades diferentes dependiendo del municipio donde desempeñen su labor.

La política educativa de esta Consejería, cada día se esta pareciendo más a la de cualquier comunidad “conservadora”, está haciendo una apuesta importante en publicidad y propaganda olvidándose por completo de los trabajadores y trabajadoras que son claramente los que llevan adelante todas las medidas que estos años ha propuesto.

Estamos en un punto, en el que tenemos trabajadores/as, monitores de actividades extraescolares, que este año cobrará un 25% menos de su salario y además se regirán por el estatuto de trabajadores, en vez de al convenio que se adscribían en el pasado curso. Cuestión que no quieren ver en esa casa y nos lleva a plantear inicialmente una demanda colectiva en el ORECLA, mientras agotamos la vía de la negociación.

Por tanto, instamos a la Consejería de Educación a que retome las políticas educativas progresistas, consistentes en tener un empleo de calidad en el que los trabajadores y trabajadoras se encuentren valorados y dignificados, y para ello es preciso que sus remuneraciones sean justas. Esto será la mejor publicidad de la Educación en Cantabria.

martes, 26 de enero de 2010

Según CCOO, un millón de personas padecen dolencias relacionadas con el trabajo

La secretaría confederal de salud laboral de CCOO cree necesario que los problemas de salud en el trabajo se consideren temas de salud pública, y para ello ha propuesto sacar los problemas de salud laboral del ámbito exclusivo de la empresa y plantearlos a la sociedad como uno de los problemas más importantes de salud pública.

La experiencia es que, además de la resistencia de la práctica totalidad de las mutuas a reconocer lo evidente, en España falla estrepitosamente la vigilancia de la salud en las empresas.


La prevención de la enfermedad, vincular el daño con sus causas y hacer visible lo invisible son los ejes en los que se centrará el trabajo de CCOO, porque la gravedad del problema no admite posturas tibias y es necesario abordarlo en toda su complejidad.

Según CCOO, en cualquier otro terreno de la salud pública el número de personas que padecen dolencias relacionadas con el trabajo ( en España cerca de un millón de acuerdo con Eurostat) se consideraría un grave problema, dispararía las alarmas y pondría en marcha mecanismos de control, y sin embargo en el campo de la salud laboral no ocurre igual.


Señala también CCOO, que cuando hay problemas en el ambiente de trabajo, lo primero que falla es la definición del problema, porque mientras que lo lógico es pensar que enfermedades laborales son aquellas en cuya generación intervienen factores relacionados con el trabajo, en el sistema español se sustituye la lógica sanitaria por una lógica indemnizatoria, por lo que al final el problema no es cuáles son los factores que generan la enfermedad y cómo controlarlos, sino cuánto hay que pagar. Así, quienes tendrían que hacer prevención, dedican todos sus esfuerzos a rechazar casos, a poner en duda la existencia misma de la enfermedad, con lo que nos encontramos con la paradoja de que en España se pagan casi 17.000 pensiones de viudedad por enfermedades profesionales al año, mientras que las estadísticas oficiales registran no más de un par de muertes anuales por enfermedad profesional.

domingo, 24 de enero de 2010

El profesor, autoridad con matices

Los expertos en Derecho Penal sostienen que la ley vigente permite condenar como atentados las agresiones a maestros, pero sólo de los centros públicos


Oviedo, Pablo GONZÁLEZ
La condena de una menor en Las Palmas de Gran Canaria por agredir a su profesora, basándose en el precepto de atentado a un funcionario público, y la ley de Autoridad Pública del Profesor, aprobada en la Comunidad de Madrid, han abierto un intenso debate jurídico-político sobre la figura del maestro. Si la presidenta madrileña Esperanza Aguirre (PP) quiere dotar a los profesores de la región de una coraza judicial para devolverles parte del poder perdido ante sus pupilos a base de tratarles jurídicamente como una autoridad, la sentencia del tribunal canario pone sobre la mesa una posibilidad del Código Penal poco explotada por los profesionales de la Justicia: considerar las agresiones en las aulas como atentado contra un funcionario público.

«Lo incomprensible es que hasta ahora no se haya hecho así. En este punto la ley está clara», señala el abogado ovetense Fernando de Barutell. Esta vía, la del artículo 550 (ser reo de atentar contra la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos), poco utilizada hasta el momento, supone a grandes rasgos que lo que antes se quedaba en un simple juicio de faltas por agredir a un profesor (las condenas dependen del grado de las lesiones causadas) se convierta ahora en un acto que puede ser castigado con entre uno y tres años de cárcel, a lo que habría que sumar la condena resultante del delito de lesiones.

«Es lícito y correcto», asegura Javier Gustavo Fernández Teruelo, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo, quien añade: «El problema es que históricamente se ha aplicado el concepto de autoridad de forma restrictiva. Va en contra de la tradición de los últimos años». Fernández Teruelo se refiere a que hasta no hace mucho los magistrados entendían como atentado a la autoridad aquellas agresiones sobre funcionarios que se encuentran en primera línea (jueces, fiscales, policías y políticos). En éstos casos la condena es de dos a cuatro años.

La tradición comenzó a cambiar a finales de 2008 cuando la Fiscalía General del Estado envió un circular a los fiscales provinciales aclarando que las agresiones a los funcionarios públicos (en este caso refiriéndose a los profesores y médicos) pueden ser consideradas como atentados. «De ahí que en este caso se impute (a la joven canaria) un delito de atentado en lugar de uno de faltas», asegura Fernández Teruelo, para aclarar: «No ha cambiado la norma, pero sí la interpretación, porque antes no era normal que un médico o un profesor sufrieran agresiones». Y siempre sobre la base de que el profesor y el médico trabajan para los servicios públicos, por lo que los trabajadores de centros privados y concertados no podrían acogerse a la norma. Pero esta circular no obliga a los jueces a actuar del mismo modo. Por eso este estudioso del Derecho Penal teme que en los próximos «dos o tres años» se produzcan «sentencias contradictorias hasta que intervenga el Tribunal Supremo y unifique criterios. Pero seguro que iremos viendo más sentencias de este tipo».

Lo que no cabe en ningún caso es conferir al profesor rango de autoridad porque «a efectos penales no lo es», aclara Luis Roca Agapito. Este doctor en Derecho Penal y profesor de la Universidad de Oviedo basa su afirmación en la letra del artículo 24 del Código Penal, que aclara qué es y qué no es autoridad. Para la justicia española, y a efectos penales (artículo 24), se entiende que autoridad es aquel que «(...) por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia (...)». A éstos hay que sumarles a los diputados nacionales y regionales, senadores, fiscales y eurodiputados. «El profesor no tiene éstas características», apunta Roca Agapito. Así que para poder considerar autoridad con todas las letras al profesor «habría que modificar la ley».

Una posibilidad que abogados penalistas como Juan Carlos Fernández González o Fernando de Barutell no consideran necesaria. «Hay leyes suficientes», coinciden. Para Fernández González «no es malo» que se considere atentado agredir a un profesor, «lo malo es lo que está pasando. En este país se sufre de hemorragia legislativa. Cada cosa que pasa acaba en una nueva ley, decreto o normativa. En cuestión de horas queda desfasada una norma que había sido dictada poco antes».

«Se legisla a golpe de titular», tercia De Barutell. «En este caso lo que el legislador intenta es pasarle la pelota a la Justicia para que los jueces arreglen un problema en el que hace falta un consenso político, ajeno al tema penal, para cambiar las directrices de la educación», afirma el letrado. «Habrá sentencias más duras, pero el problema seguirá intacto», asegura. Fernández González apoya esta tesis. «Debe haber una reflexión política sobre si se da o no más poder a los profesores», sentencia este letrado.

Este artículo le podíamos leer hoy en el periodico asturiano: La Nueva España

lunes, 18 de enero de 2010

Asqueroso

Que causa repulsión moral o física. Según la RAE.

Tengo una compañera que defiende que el peor calificativo que puedes aplicar a alguien es el de “Asqueroso”.

Hay muchas cosas que dan asco en esta vida, muchas veces nos toca taparnos la nariz y hacer de tripas corazón ante cuestiones nauseabundas que no hay quien defienda. Hoy me ha pasado algo de esto.

Me he quedado pasmado cuando he comprobado que dos compañeras de otro sindicato (conservador) defendían, defienden y ponen a la misma altura a un “presunto” agresor sexual que a la víctima.

Que dos mujeres defiendan actitudes sexistas, de abuso físico y de posición laboral es para mí, lo peor.

¿Qué es para ti asqueroso?

miércoles, 13 de enero de 2010

Más de 960 razones

Un año más al comenzar el mes de Diciembre, iniciamos la negociación con la Consejería de Educación sobre la Oferta de Empleo Público. Esta vez, comenzamos este proceso tras la gran movilización del día 12 de Diciembre en la que CC.OO demostró, una vez más, su capacidad de movilización y el empeño en la creación de trabajo estable y la mejora de las condiciones laborales de todos los trabajadores.

Con este precedente, la posición de salida no podía ser otra que conseguir que se consoliden el mayor número de puestos de trabajo posible. Pero, un año más, no salgo de mi asombro, cuando constatamos que hay una serie de “sindicatos” que todo su esfuerzo es que se convoquen el menor número de plazas posibles. ¿Quién puede entender que el empleo precario, eventual y dependiente de la coyuntura que el curso académico marque es lo que más beneficia a los trabajadores? ¿la eventualidad es mejor que la estabilidad?

Esta vez nos quedan muchos “deberes por realizar”, teniendo en cuenta que para los profesores de secundaria, técnicos, de EOI´s y conservatorio es la última oportunidad en el proceso transitorio, y que en el Acuerdo que lo subscribió, las Administraciones debían de llegar a una tasa de interinos del 8%. En Cantabria, en la actualidad, hay cuerpos con una tasa de interinos de en torno al 40%, lo que obliga a la Consejería de Educación a actuar si quiere cumplir el Acuerdo que firmó la cabeza de lista por Cantabria del PSOE cuando era Ministra de Administraciones Públicas.

Con fecha de 15 de Diciembre, había trabajando en los cuerpos en los que se va a convocar las oposiciones 960 persona aproximadamente. 960 contratos temporales, 960 vidas pendientes mes a mes, año a año de una llamada telefónica que le permita trabajar. Si a esto les sumamos todos aquellos que anhelan formar parte de nuestro sistema educativo, tenemos muchas más de 960 razones por las que hacer un ímprobo esfuerzo e intentar elevar el número de plazas a oposición de manera que a nadie nos sorprenda cuando digamos que la oposición de 2010 fue una oposición HISTÓRICA.

No podemos permitirnos desperdiciar esta oportunidad. No podemos permitirnos volver a caer en el juego del amarillismo, de los que del sindicalismo hacen negocio o de los que su máxima es: “madrecita, que me quede como estoy”. Ya que se puede estar mucho mejor, ya que debemos trabajar por mejorar las condiciones de todos, y principalmente de aquellos que sus contratos dependen de la voluntad política, presupuestaria, …

Del mismo modo que debemos cumplir los Acuerdos firmados, también hemos de intentar por todos los medios llegar en Cantabria a un Pacto Regional por la Educación. Los partidos políticos representados en la Asamblea Regional, conjuntamente con las organizaciones sindicales y patronales del sector hemos de ser capaces de lograr un pacto en el que aseguremos para Cantabria una Educación del siglo XXI, un gran acuerdo que permita el crecimiento presupuestario en materia educativa, que asegure el rejuvenecimiento de plantillas, que ratifique la conciliación de la vida familiar y laboral de todos los ciudadanos de Cantabria y desarrolle el ciclo 0-3 años, que plantee una Formación Profesional de calidad, que proponga Escuelas Oficiales de Idiomas allá donde se necesiten, en definitiva un modelo educativo del que cualquier usuario se sienta orgulloso.

martes, 12 de enero de 2010

NO IR A TRABAJAR POR EL MAL TIEMPO NO ES CAUSA DE SANCION


El Tribunal Supremo en Sentencia de 12 de junio de 2009 dicta Sentencia en interés de ley, basada en lo siguiente:


-Docente que vive en Albacete, pero imparte clases en un colegio público de Cuenca, teniendo autorización de residencia fuera del municipio donde se encuentra el centro de trabajo.

-En la carretera existe nieve y placas de hielo, lo que supone un riesgo para viajar, por lo que el docente no acude a su centro de trabajo.

-La Consejeria de Educación le descuenta el día no trabajado y argumenta ante el Alto Tribunal que es gravemente dañosa para el interés general por la cantidad de colegios afectados un día de lluvias, nieblas o nieves, como las repercusiones que tiene sobre los familiares de los alumnos, dificultando su asistencia al trabajo por no haber colegio, gravedad que se acentúa al considerar que las nevadas es un hecho público, y a ver si cada vez que las condiciones meteorológicas no sean las ordinarias, los docentes quedarán exonerados de prestar sus servicios, con el consiguiente caos en los centros educativos y en los padres trabajadores, vulnerando el derecho a la educación de los alumnos.

-El Alto Tribunal considera que no se produce una situación gravemente dañosa para el interés general, sino que es un suceso puntual, con motivo de intensas nevadas, y en atención a las concretas circunstancias de las vías reflejadas en la certificación de la Guardia Civil de tráfico que recomendaba aplazar el viaje, salvo caso de estricta necesidad, existiendo un riesgo superior al ordinario para la circulación por carretera, no puede conllevar un menoscabo económico en el docente

martes, 5 de enero de 2010

Fregonas y Maletas de ruedas

No se me ha ocurrido una mejor forma de comenzar el año en este modesto espacio que reproducir el artículo que hoy se publica en EL PAIS de un político con mayúsculas. Para mí que siempre he valorado positivamente la carrera de Juan Carlos Rodríguez Ibarra, es un placer comenzar de esta manera.

"Fregonas y Maletas de ruedas"