domingo, 27 de diciembre de 2009

Gabilondo anunciará la próxima semana la viabilidad del Pacto

El Gobierno ve viable el consenso tras meses de consultas - Incluirá un acuerdo de financiación y evitará temas como Ciudadanía y la vertebración de España

SUSANA PÉREZ DE PABLOS - Madrid - 27/12/2009


Los problemas graves de la educación española están bien claros. Hay ya diagnósticos fiables de sobra, nacionales e internacionales, y sus veredictos coinciden. Lo urgente de resolver tiene casi todo que ver con los malos resultados de los alumnos al final de la ESO lo que provoca tres problemas: que un 30% fracasen, es decir, no consigan ni siquiera este graduado (que es el mínimo), que dejen definitivamente los estudios después de los 16 años (abandono temprano) y que sean pocos los alumnos brillantes (bajo nivel de excelencia).

De estos problemas cuelgan el resto de los temas incluidos por el Gobierno en el Pacto de Estado político y social que pretende alcanzar. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, se comprometió a finales del mes de septiembre a comunicar antes de fin de año si, tras las reuniones con los grupos políticos y asociaciones sociales, este pacto podía ser "viable". La respuesta es "sí", según fuentes del Gobierno. Y así lo anunciará el titular de Educación la próxima semana. Sí es viable un acuerdo en los términos en los que el Gobierno se lo ha planteado a las organizaciones y sobre los nueve aspectos esenciales que incluye la propuesta de pacto entregada por el Ejecutivo a las comunidades autónomas.

Ninguno de los aspectos que han desatado en los últimos años controversias en el terreno educativo está incluido en el documento. Ni la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ni la alternativa a la Religión, ni la enseñanza de la Historia de España, ni el nudo gordiano de las controversias con el PP sobre temas educativos: la "vertebración del sistema educativo", en el que está incluida la polémica por el peso que se da en algunas comunidades a su lengua oficial propia. El texto para el pacto redactado por el Gobierno se centra en solucionar problemas educativos y no entra en los que han provocado los enfrentamientos ideológicos.

El primer aspecto en el que el Ejecutivo ve posible el acuerdo es el económico: "Resulta esencial garantizar una financiación adecuada con duración y perspectiva temporal" para alcanzar el resto de los objetivos, especifica el documento. Las organizaciones sociales ven "positivo y necesario" un compromiso financiero por escrito y pactado entre los partidos, un aspecto que vienen demandando desde hace tiempo, por ejemplo, el Consejo Escolar del Estado (en el que están representadas todas las asociaciones de la comunidad educativa) y la Conferencia de Rectores en sus sucesivos informes y declaraciones. Aunque la financiación de la universidad es asunto aparte, un tema del que el ministerio está ultimando un informe. Tampoco será díficil acordar el impulso de la FP (la ley que la regula se aprobó con el PP en el Gobierno, pero aún hay muchos desarrollos pendientes para impulsarla en serio), de la política de becas o de la escolarización temprana, esto es, de toda la educación infantil coordinada con políticas sociales que la apoyen. Y también ha ayudado un gesto del ministro que, aunque parezca de sentido común, no ha sido expresado claramente por los socialistas: el incorporar a su discurso el impulso de la "cultura de esfuerzo y la exigencia". Conceptos que había enarbolado el PP cuando estaba en el Gobierno.

La bajada del nivel de la educación que la derecha atribuye a las leyes socialistas tiene mucho que ver tanto con la falta de presupuesto para aplicarlas como se debiera, y claramente con la ampliación de la educación a los 16 años y la escolarización plena lograda en las últimas décadas. Los populares éstán en efecto dispuestos a sentarse a hablar de temas como la financiación, pero no ven que este planteamiento del Gobierno sea un pacto de Estado. "Las propuestas que recoge el documento que se ha enviado a las comunidades son muy abstractas, vagas. Y, aunque la sociedad demanda un cambio, el drama es que no se va a ser capaz de concretar", opina el portavoz del PP en el Congreso Alfonso Alonso. Sin embargo, Alonso afirma: "No nos cerramos a hacer pactos con el Gobierno, a hablar de financiación o de otras cuestiones, pero eso es un acuerdo, no es un pacto de Estado que lleve al cambio de un modelo educativo, que no funciona, consensuado en común, que es lo que nosotros queremos". Los responsables del PP creen que Gabilondo fue "ingenuo" al ponerse una fecha para afirmar si el pacto era viable y opinan que ahora "está dispuesto a llamar pacto a cualquier acuerdo", añade Alonso. Para el PP un pacto de Estado debe pasar por tratar temas como "la calidad, la vertebración del sistema y la libertad de los centros y de los proyectos educativos".

Oídas las partes mayoritarias (PSOE y PP), y con independencia de si se consideren o no los acuerdos a los que se lleguen como un Pacto de Estado, lo que parece difícil de conseguir con acuerdos alejados de las confrontaciones ideológicas de fondo, es otro de los aspectos de destaca el documento para el pacto enviado a las comunidades: "Garantizar la estabilidad normativa sostenida sobre los aspectos comunes". A finales de enero se reunirá el Ejecutivo de nuevo con las comunidades. Entonces sí se verá más claro si la viabilidad es real.

lunes, 21 de diciembre de 2009

Financiación de la educación: ¿y ahora qué?

Hace aproximadamente un año, Miguel Recio escribía un artículo en le que ponía de manifiesto el escaso interes de las administraciones en invertir en educación, el gasto educativo estaba y esta en un segundo plano. Ahora que nos hartamos de decir que para salir de la Crisis más y mejor educación, ahora que se están aprobando los distintos presupuestos de las Comunidades Autónomás se vuelve a poner de manifiesto que estamos a la cola de la OCDE en gasto educativo, y que o cambian mucho las cosas o seguiremos así durante mucho, mucho tiempo.

Por tanto, os adjunto lo que Miguel decía:

"Los análisis rigurosos y, en su caso, las críticas -pero también las propuestas alternativas- relativas a la financiación de la educación constituyen ya una constante y un cierto patrimonio de las federaciones de enseñanza de CC.OO. y de la propia confederación. Se trata ahora -en esta coyuntura concreta: con una fuerte crisis afectando a la economía y a la sociedad en su conjunto- de ver cuál es la situación de la financiación educativa, cómo puede afectarle la crisis y cuál puede la evolución de los recursos educativos. Es decir, expondremos qué datos son los que presentan los principales indicadores relativos a la financiación de la educación y cuál puede ser su previsible evolución, de no llevarse a cabo políticas activas en defensa del derecho social y personal a la educación y en cumplimiento de los Objetivos de Lisboa.

Los datos que vamos a presentar provienen todos de la estadística del MEC. Hay muchos indicadores al respecto, pero vamos a centrarnos en los que parecen más relevantes:

o % del PIB destinado a gasto público y privado educativo,

o Gasto por alumno/en las distintas CCAA,

o Evolución del % del PIB destinado a gasto público y privado educativo a lo largo de los años de la crisis anterior (1992-1996),

o Evolución de estos indicadores en la OCDE y en la UE.

Es ya un lugar común que España mantiene un gasto público educativo débil e insuficiente para afrontar los retos que demanda la sociedad. La alternativa es conocida y reiterada: se necesita un gasto público educativo suficiente, sostenido y equitativo. Pero lo que interesa señalar ahora de este diagnóstico es su reiteración y antigüedad, es decir, que España nunca ha llegado a tener, siquiera sea por unos años, un gasto público educativo suficiente que le permitiera aprovisionarse de recursos, inversiones, etc…, de los que echar mano en épocas de escasez y retroceso del gasto. En la UE y en la OCDE sí disfrutaron de épocas de bonanza en el gasto y por ello pudieron –y pueden- afrontar mejor las épocas de recorte. En España, las grandes e importantes reformas se hicieron con un gasto débil e insuficiente, lo que sin duda da más valor a los éxitos alcanzados. En los últimos años –de 1995 a 2005- el gasto público educativo español ha reducido casi un 10% su peso en el PIB, pasando del 4,6% en 1995 al 4,2% en 2005. En la OCDE, por el contrario, ha crecido, pasando del 5,3% al 5,4% en el mismo periodo. Hay previsiones más optimistas para España referidas a 2008, pero se hicieron antes de que se conocieran los efectos de la crisis económica.

¿Qué pasó con este indicador en los años que duró la crisis anterior: de 1992 a 1996? Puede pensarse que el gasto educativo es poco elástico y que tiene un componente fijo muy amplio que lo hace difícil reducir. Sin embargo, a pesar de que en esos años el crecimiento del PIB se redujo –ahora va a ser negativo- el % del gasto público educativo destinado a educación disminuyó en los años de la crisis, pasando del 4,9% en 1993 al 4,6% en 1995. Después, cuando vino la época de fuerte crecimiento del PIB, el gasto educativo, aunque creció, lo hizo menos que el PIB, con lo que este indicador descendió hasta el 4,29% en 2001, repitiéndose la misma cifra en 2005. Pero el gasto privado educativo, el que mide los recursos que se desembolsan en función del poder adquisitivo de las familias (lo que aún es más cierto en épocas de crisis) creció, pasando del 1,2% del PIB al 1,3%. España se caracteriza, frente al resto de países de la UE y de la OCDE, por tener un mayor % del PIB dedicado a gasto educativo privado, lo que viene a significar no tanto un mayor interés de las familias por la educación como que éstas suplen la dejación que hace el Estado en la tarea que le asigna la Constitución de garantizar el derecho a la educación mediante una programación general de la enseñanza … y la creación de centros docentes.

¿Qué va a pasar con este indicador en los años venideros? Puede repetirse lo que pasó en el periodo anterior: reducción del ya menguado % del PIB destinado a gasto público educativo y crecimiento del % del PIB dedicado a gasto privado educativo …, pero ahora nos encontramos con estos retos:

- la población escolar crece; este curso (2008-09) lo hizo en 193.325 alumnos, de los cuales 83.807 eran extranjeros,

- hay profundas (de más del 110%) diferencias –e históricas- en el gasto por alumno de centros públicos en las distintas CC.AA.: en 2005, País Vasco 8.858 euros y Andalucía 4.211 euros por alumno de centro público,

- debemos cumplir los objetivos educativos para 2010 fijados en la cumbre de Lisboa: reducción del abandono educativo temprano (es decir, más escolarización), del fracaso escolar (más medidas educativas), incremento de la educación permanente,…

Es evidente que en una época de crisis los recursos públicos deben ser administrados con rigor, austeridad y eficiencia, pero atender a las necesidades educativas es una buena medida, a corto y medio plazo, para superar la crisis. Si no hay ese convencimiento en nuestros dirigentes, propio de las que quieren ser Sociedades del Conocimiento, no hay nada que hacer. Por nuestra parte vamos a sugerir unas prioridades, inspiradas en las carencias de la educación en España, en el diferencial con la UE y en los compromisos de Lisboa:

- convenios con las Universidades públicas para mejorar la formación inicial del profesorado y maestros, fijando tasas muy asequibles para los máster que conduzcan a la habilitación para la profesión docente,

- incremento de plazas en los sectores y zonas en los que haya carencias más importantes: Infantil 0-3, FP de grado medio y superior, etc…

- desarrollo sustancial de la oferta de cursos destinados a la educación permanente o formación continua de los trabajadores mediante -entre otras fórmulas- la creación de Centros Integrados de FP, los convenios con los Institutos de Educación Secundaria que cuenten con FP, etc.

- fondo de compensación, vinculado a objetivos, que trate de corregir las desigualdades educativas territoriales de carácter histórico, que cuestionan la igualdad en el acceso de todos a la educación,

- incremento de personal, pero del dedicado a Servicios Educativos Complementarios (PSEC, también denominado: Personal de Administración y Servicios), permitiendo centrarse al profesorado en tareas docentes (y no en las administrativas o en otras asistenciales, pero no académicas) y atendiendo de manera integral las necesidades educativas de la población escolar."


viernes, 18 de diciembre de 2009

Declaran ilegal la privatización del CEIP Miguel Ángel Blanco del Álamo en la comunidad de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la parte del Decreto por el que la Comunidad de Madrid suprimió el CEIP Miguel Ángel Blanco del Álamo de la lista de centros públicos de la región al estimar que la decisión no se ajustó a Derecho al ir en contra de la Ley que regula esta materia y por "la gran demanda" que había en el municipio para que el centro público.

En una sentencia hecha pública hoy, viernes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso interpuesto por la Federación Regional de Enseñanza de CC.OO. contra el Decreto de mayo de 2008 que se refería a la creación y reorganización de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria para el curso escolar 2008-2009.

La privatización del Miguel Ángel Blanco provocó que los padres de los 80 alumnos del centro convocaran diversas concentraciones ante el Ayuntamiento de esta localidad madrileña. La ex portavoz de IU en la Asamblea de Madrid Inés Sabanés aseguró entonces que había "elementos claros de ilegalidad"

En su recurso, los compañeros de la Federación de Enseñanza de Madrid, impugnaron la norma al considerar que la supresión del CEIP Miguel Ángel Blanco carecía de motivación. Además, CC.OO. consideró que con esa decisión, la Comunidad de Madrid incurrió en "una desviación de poder".

"GRAN DEMANDA"

En el examen de los motivos, la Sala reseña que los datos de escolarización del municipio "obligaría justamente a adoptar la decisión contraria y a mantenerlo como público para satisfacer la gran demanda existente en el municipio y la adecuada prestación del servicio público".

En este aspecto, la sentencia sitúa la procedencia de la estimación del recurso interpuesto por CC.OO, puesto que "no existiría el presupuesto de hecho recogido en la norma para justificarla".

Asimismo, se recalca "la ausencia absoluta de exteriorización de los motivos que amparan" dicha decisión y, en segundo aspecto, "la ausencia de los concretos motivos fácticos que podrían amparar la medida adoptada".

Así, recuerda que el artículo de la Ley de del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas exige que los actos que se dicten en el ejercicio de la potestad discrecional sean motivados con su referencia a los hechos y fundamentos de Derecho.

Además, critica que la supresión del CEIP Miguel Ángel Blanco se acordó "cuando sólo un año antes se había creado y había funcionado durante el curso escolar 2007/2008 sin problemas constatado alguno".

Esta actuacción pone de manifiesto la apuesta clara de CC.OO por la educación como bien público. Es encomiable la lucha que los compañeros de Madrid están realizando en defensa de la Educación y de lo público ante la Comunidad. Desde esta modesta tribuna mis más rotundo apoyo y enhorabuena. CC.oo siempre lucharemos en defensa de lo público, la educación y la clase trabajadora.

¡¡Animo Compañeros!!

jueves, 17 de diciembre de 2009

Copenhague: el objetivo es que el clima se vaya a la mierda más despacio




Ya lleva unos días en Copenhague la cumbre contra el cambio climático que, por lo dicen los climatólogos, no detendrá el desastre pero nos preparará para el choque.

La conferencia se ha visto arropada por no pocos discursos de carácter épico («Estas son las conversaciones más difíciles en las que se ha embarcado la humanidad», dijo el ministro noruego de Medio Ambiente), y ahora falta que se vea culminada por hechos, por ejemplo: un compromiso realista de reducir las emisiones de CO2, principales culpables del efecto invernadero.

Muchos ojos están puestos ahora en Barack Obama, la esperanza negra, con la expectativa de que su intervención en una cumbre de esta índole en representación de Estados Unidos (potencia más bien indispensable para cualquier acuerdo decente, y que hasta ahora ha sudado mucho de arrimar el hombro) despierte la conciencia ecológica de sus fans en otros gobiernos y aporte algo de optimismo a la cumbre en general. SI tal cosa ocurre, a partir de entonces creer en Barack ya no será un acto de fe ciega, como lo ha sido el último año.

domingo, 13 de diciembre de 2009

La manifestación del 12/12/12 es un aviso a la patronal y al Gobierno, dicen Fernández Toxo y Méndez


Fernández Toxo (CC.OO) y Cándido Méndez (UGT) han afirmado que la manifestación, con una asistencia de más de 250.000 personas, en Madrid es una advertencia a “las organizaciones empresariales que, tras año y medio de crisis, han mostrado escasa disposición a transitar por ella y construir factores de salida por la vía del consenso. Pero también es un aviso a los Gobiernos, central y autonómicos, para que, ahora que apuntan elementos de salida de la crisis, no busquen atajos a la creación de empleo”. Miles de trabajadores convocados por los sindicatos han marchado por el centro de Madrid bajo el lema "Que no se aprovechen de la crisis, el trabajo lo primero, por el diálogo social", para concuir en un acto en la Puerta de Alcalá.

Por Cantabria, CC.OO y UGT hemos logrado movilizar a 1.000 trabajadores y trabajadores en representación de nuestra región, demostrando de esta manera la capacidad de movilización ante un desplazamiento que precisamente no es un camino de rosas, dado que el viaje era desde las 6:00 de la mañana hasta las 21:30 horas que comenzaron a llegar los primeros autocares.

Mi más profundo reconocimiento y agradecimiento a todos los manifestantes!!!

jueves, 10 de diciembre de 2009

Declaración Universal de los Derechos Humanos


El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios".

DECLARACIÓN

lunes, 7 de diciembre de 2009

Lo quito, no lo quito, ...


Esto era lo que decía un curita en la viñeta de Nestor en el Diario Montañés, deshojando una margarita con el Crucifijo sobre la mesa de su aula.

Pues bien, esto mismo es lo que estos días me ha pasado a mí pensando si escribía o no sobre esta polémica, y al ver la viñeta me dije, ¡Manos a la obra!

Me parece ridícula una polémica de este tipo cuando parece bastante claro que ya está todo dicho. Si la norma dice que se han de retirar los símbolos religiosos de los centros educativos, hágase y acabado el problema.

Pero no!! La Iglesia en este país está acostumbrada desde siempre a hacer lo que le viene en gana, y si no nos amenaza con la descomunión, aún a sabiendas que eso sólo atemoriza al Sr. Bono. No recuerdo pasaje de la historia de España, de los romanos para acá en el que la iglesia no estuviera cospirando, malmetiendo o llevándoselo en el nombre de Dios y del bien de España.

¡Ese tiempo ya pasó!, Desde la Constitución, que ayer celebramos su 31 aniversario, este país es ACONFESIONAL, por tanto, nos debe merecer el mismo respeto cualquier creencia, y para respetar todas lo más lógico es no hacer gala de ningún símbolo en un lugar de actividad obligatoria como los centros educativos. ¡Que cada cual en su intimidad adore a lo que le venga en gana!

Además si tenemos en cuenta que las mayores barbaridades en la historia de la humanidad fueron en el nombre de la Cruz - las Cruzadas, la Sta. Inquisición, ...- no entiendo porque seguimos erre que erre. O es que la Conferencia Episcopal quiere tomar decisiones políticas en un país al que no representan, que entonces habría que hacer como ellos - los cristianos de la época- hicieron con los judíos.

En fín, creo que esta polémica no hubiese tenido tanto bombo si en el momento que lo tuvieron " a güevo" el Gobierno de este país hubiese rebocado el Concordato con el Vaticano que no es más que un acuerdo en el que sigue manteniendo gran parte de sus privilegios la Iglesia.

miércoles, 2 de diciembre de 2009

Manifiesto: “En defensa de los derechos fundamentales en internet”


Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

lunes, 30 de noviembre de 2009

12 preguntas con respuesta para el 12 del 12 a las 12


1.-¿Por qué se ha producido la crisis? (internacional y nacional)

La crisis internacional tiene su origen en las estrategias de los bancos de inversión – sobre todo en EEUU - que han apostado por los créditos asociados a la vivienda por ser el negocio que ofrecía los mayores beneficios en el menor tiempo. Lo han hecho sin las suficientes garantías y aprovechándose de la falta de controles por parte de los poderes públicos. Cuando la gente no ha podido pagar sus hipotecas o se han retrasado demasiado en los pagos, todo el entramado se ha venido abajo, afectando primero al sector financiero y extendiéndose después a toda la economía.

La crisis en España es una crisis propia, fruto del agotamiento del patrón de crecimiento seguido durante las últimas décadas y se hubiera producido aun sin crisis internacional. Aquí no se han dado en la misma medida las hipotecas basura, pero sí ha habido una excesiva dependencia del sector de la construcción en el crecimiento económico y la ausencia de una base industrial fuerte apoyada en el conocimiento.

Cuando los bancos españoles han empezado a pasar apuros y han retirado de su apuesta por la construcción y los créditos para vivienda, se ha pinchado la burbuja inmobiliaria, dejándose de construir, destruyéndose empleo en la construcción, a la vez que se ha paralizado la demanda de las industrias auxiliares (cemento, ladrillos, cerámica, muebles, electrodomésticos,…) extendiéndose el desempleo a estos sectores. El crecimiento del paro ha generado temor y ello ha provocado que se consuma e invierta menos. Así, la caída de la demanda ha provocado que la crisis se extienda a todo el sistema productivo


2.- ¿Qué consecuencia está teniendo?

El modelo seguido por España favoreció un alto crecimiento económico y una importante creación de empleo; generábamos 7 de cada 10 empleos de los que se creaban en la Europa de los 15. Pero nuestro empleo era, en su mayoría, temporal, precario, mal retribuido y ha recayó en jóvenes, mujeres e inmigrantes. Y esto ha sido así porque existe una cultura empresarial en la que no se asumen riesgos, en la que se recurre a lo fácil y por la falta de controles de legalidad que impidieran el uso fraudulento de estas figuras contractuales. Hemos llegado a tener un 35% de empleos temporales. Cuando en España la crisis se ha expresado con toda su virulencia se ha destruido empleo en la misma proporción que antes se creaba. Del millón y medio de empleos destruidos desde que empezó la crisis un millón cien mil han sido contratos temporales.

3.- ¿Dónde residen las responsabilidades?

En aquellos que desde empresas, instituciones económicas y financieras y gobiernos, han estado promoviendo el liberalismo. En aquellos que defendieron un mercado sin control y un sistema financiero sin reglas, argumentando que el enriquecimiento de unos pocos, al final, favorecía a todos. Lo que ahora está sucediendo demuestra dramáticamente que despreciar al Estado, como representante de los intereses colectivos, de la economía, ha sido una grave irresponsabilidad que ha dejado a millones de personas sin empleo y a otros tantos en la pobreza. Pero lo más paradójico ha sido que los mismos que en tiempos de “vacas gordas” querían actuar sin que nadie les pusiese límites y que han repudiado la intervención del sector público en la economía ahora piden a gritos la intervención y ayuda de las administraciones públicas y, para mayor desvergüenza, blindándose sus multimillonarios salarios. Por si no fuera poca la provocación, esas mismas personas se permiten, cuando el Estado ya ha destinado miles de millones a salvar el sistema económico y apuntan síntomas de recuperación, que se debe volver a dejar que el mercado funcione libremente y que el Estado vuelva a retirarse. Pretenden salir de la crisis recuperando el mismo sistema que la ha generado.

4.- ¿Es responsable el mercado laboral? ¿Es éste rígido?

Para empezar hay que decir que la realidad de nuestro mercado laboral nada ha tenido que ver con la crisis actual. Todos los analistas coinciden en ello. Cuando se habla de las rigideces del mercado laboral se está planteando otro debate, más de fondo acerca de ¿Cuáles son las medidas más indicadas para salir de la crisis?. Si el origen de la crisis no está en el mercado laboral las soluciones no deberán buscarse en él sino en las causas reales de la crisis.

Para continuar hay que afirmar con fuerza que nuestro mercado laboral es demasiado flexible, como demuestra lo fácilmente que se destruye el empleo. Lo mismo sucede cuando se afirma interesadamente que el coste del despido es demasiado caro. Esto no es así, el coste medio de la indemnización por despido es de 20 días, el despido de 45 días solo se aplica para los despidos que un juez declara improcedente y el empresario antes que readmitir al trabajador o trabajadora prefiere indemnizarlo. En los contratos temporales, la indemnización es de 8 días.

5.- ¿Por qué los empresarios insisten tanto en reformar el mercado laboral? ¿Qué proponen para salir de la crisis?

Los empresarios han planteado públicamente las reivindicaciones que han llevado a las mesas del diálogo social y que lo han hecho fracasar: congelación cuando no reducción de salarios; nuevo contrato indeterminado con indemnización de 20 días; 5 puntos de rebaja de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social; reducción del impuesto de sociedades, eliminar la intervención administrativa en los EREs,… los empresarios han centrado su campaña en el coste del despido y a través de potentes creadores de opinión han conseguido generalizar esta idea, sobre todo porque han hecho creer que si los jóvenes no tienen otro tipo de contrato distinto al temporal es por lo elevado del coste de indemnización de los contratos indefinidos.

En realidad los representantes empresariales han planteado una batería de medidas como la apuntada, porque tienen un doble objetivo: uno, recuperar su tasa de beneficios por la vía de ajustar todavía más el coste del factor trabajo y otro, salir de la crisis debilitando la normativa laboral y con ello los derechos de los trabajadores, además de ganar poder empresarial.

El nuevo contrato propuesto por CEOE supone un contrato indeterminado en su duración que con un preaviso de 7 días el empresario pueda desprenderse de un trabajador sin que éste tenga derecho a recurrir a la tutela de los jueces y donde el coste de la indemnización sea mayor a medida que pase el tiempo hasta un máximo de 20 días. En el fondo se pretende acabar con la contratación indefinida, dar todo el poder a los empresarios en el despido y acabar con el derecho del trabajador a la protección jurídica.

La pretensión de reducir las cuotas empresariales a la seguridad social persigue, igual que la reducción de salarios que también promueven, reducir los costes que le suponen a las empresas el factor trabajo, pero además, en el caso de la Seguridad Social, una reducción como la que plantean de las cotizaciones supondría acabar, más pronto que tarde, con el sistema público de pensiones y tener así la oportunidad de privatizar este servicio, con lo que ellos ganarían un nuevo ámbito de negocio y todos nosotros perderíamos uno de los pilares esenciales del Estado del Bienestar.



6.- ¿Qué nos estamos jugando?

En el fondo y sin rodeos, lo que nos jugamos es cómo se reparten los costes de la crisis y cómo salimos de ella. Nos jugamos si la crisis la enfrentamos repartiendo los costes de la misma y salimos de ella sin alterar el bagaje de derechos sociales y laborales de los trabajadores.
Los empresarios y los organismos influenciados por las tesis liberales pretenden aprovecharse de la crisis para conseguir una salida ventajista de la misma. Pretenden una transferencia de rentas del trabajo a rentas del capital que les permita recuperar sus tasas de beneficio y ampliar el poder empresarial

7.- ¿Cómo está actuando el Gobierno?

El Gobierno ha tenido una posición errática marcada por la desorientación y la improvisación. Al principio se negó a reconocer que estábamos en crisis y le costó dimensionar la envergadura de la misma. Cuando ha reaccionado lo ha hecho sin la determinación necesaria. Ha progresado por el buen camino en materia de protección social y en inversión pública para reflotar el sistema bancario y reanimar la economía. Pero no ha conseguido que los recursos puestos a disposición de los bancos fluyan a las familias y pequeñas y medianas empresas. Y los planes de inversión local aun siendo importantes pueden manifestarse como insuficientes. Por otra parte, su apuesta por cambiar el patrón de crecimiento de la economía española en lo que nosotros venimos insistiendo desde hace años, lo quieren canalizar a través de una ley de economía sostenible que por lo que se conoce es manifiestamente mejorable si se quieren alcanzar los objetivos que se preconizan.

Por último, en los Presupuestos Generales del Estado se ha apuntado una subida de impuestos que es marcadamente insuficiente para atender las necesidades del momento: garantizar la protección social, reanimar la actividad económica y reducir el déficit público y que además es injusta pues carga más la recaudación sobre las rentas medias y bajas. No se puede decir en verano que se van a subir los impuestos a los ricos y en otoño subírselos a los trabajadores y capas medias de la sociedad.

Lo más destacable de la acción del gobierno es que no ha cedido a los cantos de sirena de los ideólogos de la reforma laboral. Pero esto no está garantizado que vaya a seguir siendo así. El Gobierno se encuentra en una situación de fuerte debilidad parlamentaria y no está escrito que en un momento dado no cambie sus alianzas y acabe cediendo a las presiones.



8.- ¿Por qué los Gobiernos, de uno u otro signo, mantienen la misma política fiscal?

Es uno de nuestros caballos de batalla, y quizás, el principal instrumento de intervención económica del que disponen los poderes públicos para redistribuir la riqueza que, sin embargo, ni PP ni PSOE han utilizado. De la derecha cabría esperarlo, si nos atenemos a su vieja demanda de “más mercado y menos Estado”; del PSOE, sólo puede explicarse por la fuerte presencia en su aparato económico del sector más moderado que ha acabado haciendo suyas las prédicas neoliberales.

Necesitamos de una reforma fiscal en profundidad que garanticen los ingresos suficientes para acometer los desafíos que suponen enfrentar la crisis y un nuevo modelo de desarrollo donde se refuercen los pilares del estado del bienestar. No es fácil ni sus efectos inmediatos pero se puede y se debe ser más ofensivo, se puede empezar por luchar contra el fraude fiscal con recursos y determinación política, se deben gravar las sociedades de valores, se pueden recuperar algunos impuestos como el de patrimonio o sucesiones,…

9.- Si las entidades financieras reciben ayudas públicas ¿cómo garantizar que fluya el crédito a familias y Pymes?

Lo dijimos en su día y lo reiteramos: la potente inyección de recursos públicos a las entidades financieras habría que haberla condicionado al cumplimiento de algunos requisitos de transparencia y buen gobierno. No se pueden aprobar esas ayudas si no se hace explícita, por ejemplo, la voluntad de bancos y cajas de activar la circulación de crédito a familias y Pymes. Se debe estimular y favorecer el proceso de convergencia de las cajas de ahorros y potenciar el Instituto de Crédito Oficial para que tenga más recursos y capacidad operativa. El Gobernador del Banco de España en lugar de instar reiteradamente a una reforma laboral podría dedicarse a lo que es estas cosas que es su principal responsabilidad.

10.- Parece que todos comparten la necesidad de un nuevo modelo productivo, pero de qué estamos hablando realmente?

Enfrentarse a los problemas actuales de la economía española exige la adopción de medidas inmediatas, pero también sentar las bases de la necesaria transformación del modelo productivo. Tenemos que hacer que nuestra economía sea menos vulnerable a los cambios de ciclo y para ello es indispensable: desarrollar la sociedad de la información; reforzar las inversiones públicas en la actividad productiva; impulsar una Ley de Ciencia avanzada; un plan industrial para la calidad de los bienes y servicios; fomentar una política sectorial activa; crear un marco regulador de la política energética; e impulsar un pacto para mejorar la educación –sobre todo, la FP- y vincularla más y mejor al sistema productivo.

11.- ¿Qué proponemos nosotros para salir de la crisis?

CCOO creemos que hay otra forma de enfrentar la crisis, otra forma que reparta equitativamente sus costes y que garantice un patrón de crecimiento más sólido, más justo, más sostenible y menos vulnerable a los cambios de ciclo.

En ese sentido hemos lanzado una serie de propuestas que actúan en dos direcciones: Una, en el terreno de la negociación colectiva, en este caso empezando por desbloquear la del 2009 y proponer para el 2010 un acuerdo plurianual que aborde los salarios, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de los mismos; los beneficios empresariales, limitándolos para que se reinviertan en mantenimiento del empleo y en inversión en I+D+i y el empleo temporal para acabar con la temporalidad injustificada.

Otra, proponiendo un Pacto por la economía, el empleo y la cohesión social que empezando por atender a las personas y particularmente a las que más directamente sufren los efectos de la crisis (como en parte se ha conseguido con la regulación de los 420 euros) articule medidas de reactivación económica y establezca las estrategias necesarias para cambiar nuestro patrón de crecimiento.

12.- ¿Qué debemos hacer para evitar que se aprovechen de la crisis?

Pelear con inteligencia y firmeza por hacer valer la iniciativa sindical; es decir, disputar en el conflicto democrático a los sectores económicos y políticos una alternativa a la crisis que reparta con equidad y justicia los sacrificios a realizar, y lo haga con un gran pacto por la economía y el empleo.

Debemos llegar a todas las empresas debatir nuestros análisis y propuestas, sumar apoyos a ellas en un proceso de acumulación de fuerzas que de sentido hoy y ahora al binomio presión/negociación que siempre ha caracterizado la lucha reivindicativa de CCOO.

Necesitamos de esa fuerza para mandar un mensaje inequívoco a patronales y gobierno: no vamos a claudicar, vamos a luchar por nuestras alternativas con determinación. Necesitamos de esa fuerza para recuperar el diálogo social y para validar nuestras propuestas en las mesas de negociación con la patronal y el gobierno.

Eso, ahora, se llama garantizar la participación de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras el próximo 12 del 12 a las 12 en Madrid.

martes, 24 de noviembre de 2009

CC OO discrepa de la sentencia contra el director del CEIP Nueva Montaña

La Federación de Enseñanza del sindicato cree que no hay cosa más injusta que tratar a todos por igual.

Ante la sentencia que condena por igual al Director del CEIP Nueva Montaña y a un padre, desde la Federación de Enseñanza de CCOO acatamos la citada sentencia pero ni la compartimos ni la entendemos.

En CC OO entendemos que el funcionario estaba ejerciendo las funciones propias de su cargo y que fue agredido por el padre. Esperamos, por otra parte, que, leída esta sentencia, no sean muchas las personas que piensen que sale muy barato (100 €) agredir a un empleado público en su puesto de trabajo.

El problema viene de varios años atrás suscitado por que un padre quiere que sus hijos tengan una educación a la carta basándose en supuestas creencias religiosas ultraortodoxas. Para CC OO este problema, ya viejo, se ha enquistado por la incapacidad del Servicio de Inspección Educativa para abordar el tema. En vez de resolverlo a tiempo, ha hecho dejación de funciones con el resultado de que el único que se ha asumido sus responsabilidades y ha pretendido es cumplir con la legalidad vigente ha resultado agredido.

Por todo esto, desde CC OO nos solidarizamos con el director del CEIP Nueva Montaña y exigimos a la Consejera de Educación que depure responsabilidades en el Servicio de Inspección Educativa, para nosotros, principal responsable del problema.

A CC OO siempre le ha parecido encomiable que se inste a todos los Centros Educativos de Cantabria a que realicen Planes de Convivencia pero si esto no se acompaña con medidas de apoyo reales al profesorado y una valoración efectiva de su autoridad profesional, todos estos esfuerzos serán baldíos.

Por tanto, desde CCOO pedimos respeto hacia los docentes, respeto por nuestro trabajo y sobre todo respeto a las personas y su integridad física, moral y laboral.

Así mismo, nuevamente CC OO ofrece sus servicios jurídicos a todos aquellos compañeros/as que se encuentren afectados por situaciones similares.

jueves, 12 de noviembre de 2009

Pajas

Contra la manipulación, información, aquí tienen ustedes el manual del taller “Conócete a ti mismo” ( pdf) puesto en marcha por el Consejo de la Juventud de Extremadura – con el voto favorable de las NNGG del Partido Popular- y sobre el que tanto ruido está haciendo la caverna mediática habitual.

Siempre me ha llamado la atención extraña fascinación que siente la asociación de solteros más célebre del mundo, -antes conocida como iglesia católica- por temas que les son absolutamente desconocidos, como es el sexo o el divorcio.

Entre esto y el Obispo Martínez Camino llamando herejes a los diputados, uno a veces tiene la sensación de que estos señores, con Franco, vivían mucho mejor.

Y dicho esto me voy a leer a fondo el manual, que el saber no ocupa lugar. ¿No les parece?

Por cierto, que el manual es gentileza del blog A la sombra del tomate, que lo ha subido a su servidor con diligencia y prontitud

A la Presidenta del Consejo Escolar de Cantabria, ...


Estimada Presidenta:

Somos muchos en Cantabria que sabemos de tu capacidad de enmarañar y de crear polémicas en tantos asuntos como tratas. Pero que intentes confundir a parte de los Consejeros mandando mails a los miembros de una comisión menos a uno es de un grado de mezquindad que no te creía capaz de tal.

Que no seas capaz de convocar la comisión de Proyectos Legislativos más que los Viernes a partir de las 17:30 no es más que otra muestra de tu mala gestión al frente del Consejo Escolar.

Que CCOO no participe del Consejo Escolar te encargaste personalmente, llegando a manipular decisiones que jamás hasta ese momento habían ocurrido en ese órgano. Por tanto, como te dije por teléfono, los representantes de CCOO volveremos al Consejo Escolar cuando la Consejera de Educación quiera. En ella esta la llave de la vuelta, y nuestras peticiones siempre han sido las mismas. O que resuelva para la participación de CCOO en todos los órganos del Consejo Escolar, como había sucedido hasta que te nombraron Presidenta del Consejo o que te cese.

En fin, Presidenta, que estás demostrando más que sobradamente que el Consejo Escolar hace aguas por todos los lados. Que estas al albur de lo que diga el STEC y cuando tienes problemas, que es a diario, crees que lo solucionas responsabilizándonos a CCOO. Pero ves la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. El problema que tiene el Consejo Escolar es la Presidencia.

miércoles, 11 de noviembre de 2009

LOS SINDICATOS LLAMAN A LOS CÁNTABROS A MANIFESTARSE POR EL EMPLEO Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EL 14 EN TORRELAVEGA

Los sindicatos Comisiones Obreras (CC OO), UGT, y USO han convocado una manifestación para el próximo sábado 14 de noviembre en Torrelavega con la que pretenden denunciar la situación por la que atraviesa el empleo y la negociación colectiva, tanto a nivel nacional como regional.

Responsables de CC OO, en la marcha a favor de la continuidad de Bridgestone
Responsables de CC OO, en la marcha
a favor de la continuidad de Bridgestone

Los secretarios generales de las tres organizaciones sindicales, Vicente Arce (CC OO), María Jesús Cedrún (UGT), y Miguel Ángel González Colsa (USO), presentaron hoy, en rueda de prensa, la manifestación, que llevará por lema 'Por el empleo y por la negociación colectiva' y a la que invitaron a sumarse a toda la sociedad, no sólo a los representantes de los trabajadores. Según vaticinó Arce, Cantabria cerrará el año con cerca de 43.000 parados y más de 8.000 trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (EREs), parte de los cuales acabarán siendo de extinción, advirtió

"Los parados sí quieren trabajar"
A este respecto, y tras asegurar que los parados cántabros "sí quieren trabajar", el secretario general de CC OO pidió a los poderes públicos y gobiernos la puesta en marcha de políticas "más ambiciosas" para generar puestos de trabajo.

Así, sobre el Plan de Empleo que se está negociando en la actualidad, solicitó que sea un plan de todo el Gobierno, no sólo del Servicio Cántabro de Empleo (SCE), ya que, según dijo, "todas" las consejerías tienen recursos suficientes para destinar a esta materia.

En caso contrario, Arce opinó que se estaría "dando la razón" al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, quien recientemente afirmó que en España hay un millón y medio de parados que no quieren trabajar.

Por otro lado, confió en que antes de finales de año se retomen las negociaciones con la patronal, más si se tiene en cuenta los "resultados" obtenidos con las movilizaciones llevadas a cabo.

Tras recordar que la primera de esas manifestaciones se produjo el pasado 7 de octubre para demandar un empleo "digno", señaló que con la reciente huelga del metal se han firmado ya "diez o doce" convenios en la región. Destacó así que cuando sindicatos y trabajadores se movilizan, obtienen resultados, y advirtió en este sentido que se ha pasado de una situación de "espera" a otra "más ofensiva".

Todo ello, insistió Arce, para afrontar el incremento del número de parados, --que en España "están rondando" los cuatro millones--, la caída de la contratación indefinida (-33%) o el aumento del número de personas que no reciben ningún tipo de prestación por desempleo.

Paro en Torrelavega
Respecto a la elección de Torrelavega para desarrollar la manifestación, Cedrún explicó que se debe a que la comarca del Besaya está siendo "especialmente vapuleada" por la crisis y el desempleo.

Concretó que la zona concentra al 19% de los parados cántabros y, además, una empresa importante -en alusión a Bridgestone- "corre el riesgo" de deslocalización. También atraviesan problemas, recordó la sindicalista de UGT, Papelera del Besaya o Haulotte, que está inmersa en un ERE de "difícil salida".

Por su parte, el secretario general de USO detalló que la manifestación se iniciará el sábado 14 de noviembre a las 12 horas en la Plaza Mayor de Torrelavega. A partir de esa hora, recorrerá diversas calles de la localidad -José María de Pereda, La Llama, Pintor Varela, Julián Ceballos, etc.- para terminar en el Ayuntamiento.

lunes, 9 de noviembre de 2009

Políticas educativas ante la crisis

La educación es un factor relevante como respuesta a la crisis económica en su doble función: preparación para el empleo e integración social y cívica. Igualmente, es clave para la igualdad. Ello depende de la orientación y características de las políticas educativas, cuestiones que son analizadas en este Estudio de Antonio Antón, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que forma parte, a modo de extracto, de un libro de próxima aparición editado por la Fundación 1º de Mayo. [DESCARGAR PDF]

Principales objetivos educativos

Los principales objetivos educativos a abordar –aparte del aumento de la bajísima participación (16%) en la escuela infantil de cero a dos años- son la eliminación del fracaso escolar, la mejora de la FP y las enseñanzas medias –con el refuerzo de la escuela pública- y una mayor igualdad de oportunidades en la educación superior –apoyo al acceso y graduación de las clases trabajadoras-. Todo ello junto con una mejora de la calidad de la enseñanza en los diferentes tramos.

Primero, es fundamental un apoyo ‘compensatorio’, como apoyo a la igualdad de oportunidades de los sectores desfavorecidos: mejora de la ESO con reducción de fracaso escolar para su acceso a empleos semicualificados, y con potenciación de la formación profesional -FP-. Hasta hace poco, la amplia incorporación de niños inmigrantes a la escuela la han podido valorar sus familias como un apoyo de la sociedad receptora y una base para la integración social y la movilidad ascendente. Era una situación ventajosa respecto de su realidad y su expectativa anteriores en sus países de origen. Con una trayectoria incierta y corta en la escuela, los efectos de la crisis económica y el paro –en gran parte de las familias inmigrantes- y el cierre de expectativas de ese sector en la incorporación estable al empleo, la persistencia del fracaso escolar tendría efectos mucho más graves en el futuro inmediato de esos adolescentes de las clases subalternas. Por consiguiente, es básico eliminar el fracaso escolar con el objetivo oficial basado en el consenso ‘económico’ de garantizar la rentabilidad de una fuerza de trabajo más adecuada para el empleo poco cualificado. No obstante, el objetivo clave debe ser ‘social’: garantizar una buena integración social y cultural, evitar bloqueos en la movilidad laboral ascendente o prevenir una reafirmación identitaria en valores no democráticos y tensiones interétnicas. En consecuencia, la educación en ese ámbito y hacia ese tercio más bajo de la escala social y educativa, representativo de clases trabajadoras precarias, se convierte en un objetivo central, un mecanismo preventivo de la ‘disociación social’ y un factor de cohesión social e igualdad. Se trata de garantizar la ‘equidad’ y, al mismo tiempo la ´calidad’, sin subordinar la primera a la segunda.

Segundo, respecto de las enseñanzas medias, hasta ahora dominaba su carácter de transición a la enseñanza superior. Ese nivel de educación media post-obligatoria o superior lo finalizan el 56% del alumnado, procedente, sobre todo, de las clases medias-altas y de sectores intermedios de las clases trabajadoras. En estos sectores se mantenían expectativas de movilidad ascendente con acceso a educación superior –universitaria y FP superior-, a la que pasan, cada año, el 40% y la finalizan el 26%. El filtro es significativo ya que se queda atrás más de un tercio (14%) de los estudiantes superiores iniciales. Prosiguen hasta la titulación superior los alumnos más estudiosos y los que tienen mayor soporte económico para permanecer y prolongar los estudios sin excesivo ‘coste de oportunidad’ para ellos y sus familias.

Sin embargo, en la Universidad es donde aparece la llamada ‘sobrecualificación’, como exceso de titulados superiores respecto de las ‘necesidades’ productivas y una oferta más reducida de empleo cualificado (22%). Oficialmente, la reducción de estudiantes universitarios es un objetivo secundario, particularmente a través de la selectividad en el acceso, que tiene poca legitimidad, y que supera más del 85% de jóvenes presentados. Aunque el primer curso se convierte en otra nueva selectividad, reforzada ahora con los nuevos planes exigentes de mayor esfuerzo, continuidad presencial y disminución de la posibilidad de permanencia sin aprobar. Por otro lado, se produce una desvalorización de la titulación de diplomaturas y, comparativamente, más de las licenciaturas –ahora, el grado-. La consecuencia es que a gran parte de estudiantes universitarios con una parte o el total de la carrera completa se les fuerza a canalizar sus aspiraciones hacia un empleo semicualificado, al competir con desventaja por el empleo cualificado con los poseedores de títulos de posgrado –máster y doctor-. Las mayores probabilidades de tener que conformarse con un empleo de menor cualificación expresan mayores dificultades para aspirar a esas expectativas de movilidad ascendente, y generan frustración social y desmotivación hacia el esfuerzo por conseguir esa cualificación académica. Aquí vuelve a incidir el distinto y menor coste de oportunidad para los sectores acomodados con mayor capacidad financiera. La otra opción aconsejada oficialmente es la de redoblar el esfuerzo educativo, al que se aprestan sectores con condiciones socioeconómicas, familiares y relacionales más ventajosas. Esa ventaja externa se transforma en mayor desigualdad de oportunidades, ya que esos sectores acomodados pueden incrementar su inversión en educación, con menores costes relativos y, comparativamente, menor esfuerzo educativo individual. Al mismo tiempo, esa barrera selectiva les elimina, de la pugna competitiva por el acceso y pertenencia a las élites profesionales, a los individuos ilustrados de las clases trabajadoras –muchas veces con mayor mérito académico- con mayores dificultades para prolongar esos estudios y financiar su mayor coste. No obstante, esa parte de titulados de grado deben competir laboralmente con personas con la cualificación media, que en determinados oficios y profesiones pueden reunir mejores requisitos de ‘habilidades y competencias’, particularmente si se consigue una formación profesional y técnica superior más mejorada.

El tercer aspecto es la selectividad por arriba para el acceso a empleos cualificados –expertos, técnicos y profesionales- con la exigencia de prolongación de estudios de posgrado y con garantías de ‘calidad’ y excelencia. Estos estudios son más selectivos económicamente ya que tienen un precio de matrícula mayor. Esa desventaja se acumula a la necesidad de invertir más cantidad de tiempo en educación –con el coste adicional de tener que vivir de forma más austera y aplazar ingresos salariales-. Las condiciones necesarias para ese cuarto nivel educativo –postgrado- se convierten en otra barrera selectiva. Esa dificultad se articula y afianza con la actual reforma universitaria, en la que se rebaja el valor del título de grado –respecto del anterior de licenciatura- y se abre una brecha mayor. En esa selección vuelve a tener un papel clave la capacidad financiera y el estatus económico de la familia y acentúa la desigualdad de oportunidades de los hijos de clases trabajadoras, obligadas, en todo caso, a realizar un gran esfuerzo individual y de inversión económica familiar, dado el escaso sistema de becas.

Por tanto, más allá de la simple explicación del individualismo meritocrático, ese proceso de reformas está inmerso en la pugna de las clases medias y altas por aumentar sus mayores privilegios en el acceso a los empleos cualificados y a su pertenencia a las élites gestoras y profesionales. Su interpretación de la ‘calidad’ –selectiva- incorpora el deseo de una mayor desigualdad. Además, esa funcionalidad educativa se ve reforzada por la activación de su capital relacional en esos espacios educativos y su relación cotidiana con las élites profesionales de las empresas y, en menor medida, en la administración pública. En ésta –aparte de la tendencia hacia la subcontratación y privatización de servicios- todavía persiste el sistema de ‘oposición’ para el acceso y no tanto la ‘influencia relacional’ que sí sigue siendo clave para el posterior progreso profesional.

En definitiva, bajo ese discurso aparentemente tecnocrático y neutral de la adecuación de la educación superior al empleo o la economía, se esconde una diferenciación social, con disminución de posibilidades de acceso a estudios de postgrado –y empleos cualificados- de las personas procedentes de las clases populares, con menores recursos económicos respecto de ese estatus socioeconómico y esa posición social superiores de las clases más acomodadas. Se produce más ‘desigualdad’ de oportunidades. Las opciones educativas superiores dependen más de las posibilidades de inversión individual y familiar a largo plazo, y como se ha explicado, la superioridad económica crea ventajas ‘inmerecidas’ individualmente. Lo fundamental para el logro o resultado educativo –de grado y, sobre todo, de postgrado- ya no es la ‘capacidad real’ de los individuos -su esfuerzo individual, inteligencia o motivación-, sino la capacidad socioeconómica desigual de su entorno familiar, su posición de clase superior. Se dificulta el desarrollo y la aportación de las capacidades reales y la excelencia académica de les jóvenes de clases populares, lo que debilita en su conjunto la cualificación y el cambio de modelo social y productivo. Es un factor que explica el malestar de amplios sectores estudiantiles, particularmente de los estratos socioeconómicos intermedios –del tercio inferior, prácticamente no llegan a la universidad-, con estos aspectos de la reforma universitaria que acompañan el llamado Plan Bolonia.

VER ESTUDIO COMPLETO [DESCARGAR PDF]

jueves, 5 de noviembre de 2009

DEMASIADOS TEMAS PENDIENTES Y NO RESUELTOS

En el Sistema Educativo de Cantabria están quedando sin una solución concreta, por parte de la Consejería de Educación, que dé verdaderamente respuesta a una serie de problemas cotidianos que afectan a los trabajadores y trabajadoras.

Vamos a dar un repaso somero a estos temas para los que, desde Comisiones Obreras, estamos reclamando una solución rápida:

Comenzaremos por el trato que ya hemos denunciado, ha dispensado el Servicio de Inspección al Director del CEIP “Nueva Montaña”. El hecho de que nadie de este servicio “tenga el tiempo suficiente” para hacer una visita a este Centro y apoyar a este Director, en los momentos que ninguno de nosotros quisiéramos pasar, deja bien a las claras cual es la actitud de este colectivo, y que no podemos contar con ellos para que nos resuelvan ningún problema.

Vaya por delante el apoyo incondicional de Comisiones Obreras a este compañero, que aunque él ya le conoce, no está de más hacerlo público en el contexto en el que se enmarca nuestra publicación.

En este sentido, creo que va siendo hora de que comencemos el debate abiertamente que surge en lo relacionado con la Convivencia vs. Autoridad. La autoridad que reclamamos todos es una autoridad profesional, que nadie nos ponga en tela de juicio decisiones de tipo pedagógicas que los docentes tomamos a diario. Decisiones basadas tanto en el conocimiento del contexto en el que las tomamos, como de nuestros alumnos y sus características, como tanto en la psicología, la pedagogía, la organización escolar, … Todas ellas siempre son y serán para beneficio de nuestros alumnos, para mejorar, tanto sus resultados académicos como la convivencia escolar, para así tener un clima de confianza y de complicidad de todos los agentes que intervienen en la acción docente.

Otro problema importante, es que estos temas deberían tratarse en el Consejo Escolar. Pero este sigue enrocado en impedir la participación de algunos representantes, con lo que las decisiones que este órgano de representación toma, para Comisiones Obreras, carecen absolutamente de credibilidad. Si a esto le añadimos que el Consejo Escolar está perdiendo subvenciones, y partidas presupuestarias por que son incapaces de justificarlas por su falta de actividad, nos estamos encontrando con un problema que la Consejería de Educación no sabe o no quiere solucionar.

Además, y siguiendo con la enumeración de algunos de los problemas que hemos detectado y seguimos denunciando, está habiendo problemas en las sustituciones. Aquí, vamos de la mano del Comité de Directores de Primaria en la denuncia de que no se puede entretener la decisión de mandar un sustituto a un centro, esto resta calidad al sistema educativo y no hace más que cargar de trabajo al resto de manera incomprensible. No podemos permitir la priorización de las sustituciones, si un director pide una sustitución, será por que se necesita.

Otro asunto que no se quiere abordar, es la rotación de organizaciones sindicales en el Observatorio de la Convivencia. Comisiones Obreras llevamos tiempo reclamando que esta rotación se haga, en primer lugar, por que se debería haber hecho hace ya bastante tiempo, y en segundo lugar, por que los sindicatos con mayor representación dentro de la Junta de Personal han sido incapaces durante este tiempo de informarnos a todos de lo que allí ocurría, y mucho me temo que así mismo de proponer iniciativas, en el sentido que antes comentaba, para mejorar el respeto a los docentes y nuestra profesión.

Y para terminar tenemos el Plan de potenciación de Lenguas extranjeras, plan de Bilingüismo o como quieran denominarlo a partir de ahora. Si Comisiones Obreras hemos sido los únicos en denunciar públicamente los desmanes que aquí se están produciendo, ya hay algún sindicato sin escrúpulos que mediante la complicidad de la Consejería y publicidad engañosa quiere hacer negocio con cursos que no acreditan “per se”. Además, mucho nos tememos que algún otro se unirá al negocio para intentar lucrarse en vez de mejorar un programa que cada día tiene más problemas. Ya pronosticábamos en Septiembre que este programa y la perversión de su gestión iban a llenar el bolsillo a algunos, perjudicando a todos.

Pero como todo no va a ser malo, he de recordar que Comisiones Obreras hemos sido los únicos capaces de asegurar tanto en la Mesa Sectorial como en la Mesa General el compromiso de cumplimiento del Acuerdo Retributivo para el año que viene, que como recordareis es de una subida salarial de 60€/mes; así mismo estas Navidades va ha ser la primera vez que los docentes cobremos el 100% en la paga extraordinaria, acuerdo del que también hemos sido participes.

En fin, que mientras unos se intentan lucrar a través de los docentes, otros seguimos trabajando para que todos tengamos un mejor poder adquisitivo, que en los tiempos que corren no es nada fácil.

lunes, 26 de octubre de 2009

Docentes, autoridad moral y autoritarismo

No cabe duda, en nuestras escuelas hay problemas que exigen políticas decididas, transparentes y serias para mejorar algunas dificultades sociales que terminan afectando la calidad del sistema en su conjunto. Los indicadores negativos (véase la baja puntuación que obtienen nuestros escolares en el Programme for Indicators of Student Achievement, PISA en sus siglas en inglés) y la hasta ahora ineficacia para rectificar esos déficit, exigen poner ya manos a la obra.

Lo urgente es que los profesores estén bien valorados y pagados y que las escuelas estén bien equipadas

La educación es un proceso complejo y el aprendizaje una actividad y un logro difícil, que requiere condiciones previas que quizás son determinantes. No se aprende todo lo que se enseña, ni sólo lo que se enseña. Aprender es, en gran parte, un acto voluntario que exige al estudiante grandes dosis de esfuerzo y motivación, al tiempo que puede ser un sencillo acto de mejora de capacidades y competencias cuando las actividades que producen aprendizaje se realizan en un contexto grato y estimulante, en el cual la tarea se percibe como atractivo reto porque se visualizan las interesantes consecuencias del éxito.

Pero para aprender, en cualquiera de sus versiones, hace falta una convivencia tranquila y positiva que provoque un estado emocional de confianza, respeto y afecto positivo entre estudiantes y profesores, así como la percepción de que aula y centro son escenarios seguros y dignos de confianza. Así, la buena convivencia soporta y alimenta el aprendizaje y éste, percibido como éxito y gratificación, vierte sus positivos efectos a la convivencia. Convengamos, pues, que la buena convivencia y la excelencia en el proceso de aprendizaje son los dos motores de la calidad de la educación. Pero nada de ello se relaciona con poner al profesor cuarenta centímetros por encima de sus alumnos, ni con militarizar a los escolares, haciendo que se pongan firmes y en pie cuando entra.

Es cierto, niveles superiores de autoridad docente son exigibles, pero niveles de autoridad moral, no de autoritarismo ni de militarismo. La autoridad moral emana de la personalidad social en atribución de los que están en contacto directo con ella. La autoridad moral del docente debería no discutirse por ser, en cada momento, la mejor opción en el interior de la tarea común de enseñar y aprender. La autoridad moral -no el autoritarismo- se consigue logrando que los docentes se perciban como ciudadanos profesionalmente valorados, queridos y bien pagados, trabajando en escuelas bien equipadas, que disponen de los recursos, humanos y materiales. Haciendo que las ratios profesor-alumno sean más pequeñas, flexibles y adecuadas a la tarea concreta; los especialistas en inglés dominen ese idioma y ofrezcan modelos idóneos e interesantes sobre cómo se habla, lee y escribe; los profesores de ciencias dominen adecuadamente sus materias para que sus alumnos los reconozcan como autoridad científica; los profesores de lengua y literatura dominen a la perfección el español y transmitan pasión por el arte de leer y escribir; los profesores de educación física orienten hábitos de salud corporal y estimulen el sano deseo de competencia deportiva; la orientación escolar sea una herramienta al servicio de la detección preventiva de dificultades personales y grupales, con recursos para detener los problemas a tiempo. La autoridad moral del docente nace en su competencia para expresar su dominio de aquello en lo que tiene que hacer que el alumno progrese.

Todo ello requiere esfuerzo. Esfuerzo de los docentes para desempeñar su rol con seguridad, creatividad y coherencia, convirtiendo su desempeño profesional en actos de autoridad moral y modelo de ciudadanía. Esfuerzo de los escolares para aceptar la disciplina del estudio y la convivencia democrática. Esfuerzo de las familias para confiar y respetar la escuela, acudiendo a ella con talante colaborador y la satisfacción de saber que sus hijos están en buenas manos. El docente es ya una autoridad social (artículo 550 del Código Penal), ahora hace falta que familias, sociedad y escolares entiendan que dicha autoridad está ahí para hacer crecer y aprender a los escolares, y no para rendirles genuflexiones u otros símbolos retrógrados.

La llamada conflictividad -desde el fracaso académico y la disruptividad hasta el bullying y el cyberbullying- no es irresoluble, ni exige formulas militares retrógradas; requiere que la sociedad otorgue al docente las condiciones que le permitirán presentarse ante sus estudiantes con verdadera autoridad moral, producto del desempeño de sus tareas profesionales: la tarea de enseñar de forma idónea y correcta, y la de gestionar, de forma segura y equilibrada, las relaciones interpersonales que exige la convivencia escolar.

Nuestro sistema educativo tiene una debilidad importante en la función directiva y en la gestión de la vida social en aulas y centros. Es el momento de que ese pacto de Estado que se pide desde los partidos políticos asuma que la calidad pasa por disponer de una comunidad de docentes que se perciba a sí misma con un alto nivel de dominio y competencia en su desempeño profesional. Los docentes no pueden sentirse víctimas de sus estudiantes ni convertir a sus estudiantes en soldados que responden marcialmente; los docentes deberían ser la encarnación misma del espíritu de ciudadanía y autoridad moral, producto de la confianza que en ellos depositan la sociedad, las familias y el alumnado.

Rosario Ortega es catedrática de Psicología de la Universidad de Córdoba.

EL SUBDESARROLLO SOCIAL DE ESPAÑA


Este artículo muestra el gran retraso social de España causado por la gran influencia que las fuerzas conservadoras y liberales del país tienen sobre el estado español, así como sobre las culturas políticas y mediáticas del país. El enorme poder de clase y género existente en España configura el estado del bienestar español, incluyendo su subdesarrollo. Vicenç Navarro

Mírese como se mire, España está a la cola de la Europa Social. Los últimos datos de Eurostat, la agencia de recopilación de datos de la Unión Europea (UE) muestra como España es uno de los países de la UE que gasta menos fondos públicos en su estado del bienestar (que incluye pensiones, sanidad, educación, servicios de ayuda a las familias –como escuelas de infancia y servicios domiciliarios-, servicios sociales, vivienda social, prevención de la exclusión social, y otros). Y ello no se debe a que seamos pobres. En realidad, nuestro nivel de riqueza (medido por el PIB per cápita) es ya bastante próximo al del promedio de la UE-15 (93%), el grupo de países más ricos de la UE. En cambio, el gasto público social por habitante es sólo el 71%, situándonos a la cola de gasto público social en tal comunidad. Si en lugar del 71% nos gastáramos lo que nos corresponde por el nivel de riqueza del país, es decir el 93%, tendríamos 70.000 millones de euros más de lo que nos gastamos ahora. Éste es el déficit de gasto público social en España.
Si en lugar del gasto público social miramos el porcentaje de la población que trabaja en los servicios del estado del bienestar, tales como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales y otros, podemos ver que, de nuevo, estamos a la cola de la UE-15. Sólo un 10% de la población adulta trabaja en tales servicios, comparado con un 15% en el promedio de la UE-15 y un 25% en Suecia. Las consecuencias de este bajo gasto y empleo público son múltiples. Sólo un dato significativo: España tiene el tiempo
de visita al médico general de la sanidad pública más corto (6 minutos) de la UE-15. Este hecho que erróneamente se atribuye a la excesiva utilización de los servicios sanitarios por parte de la ciudadanía, se basa en la enorme subfinanciación de tales servicios, dificultando una mayor dedicación de los profesionales sanitarios a cada paciente. El gasto sanitario per cápita es sólo el 77% del promedio de la UE-15, el más bajo de tal comunidad.
Las causas de este subdesarrollo social de España son varias. Una es la dictadura mal llamada franquista, mal llamada porque fue mucho más que la dictadura del General Franco. Fue una dictadura de una clase que se caracterizó por su enorme represión (por cada asesinato político que cometió Mussolini, Franco cometió 10.000) y por su escasísima sensibilidad social. Cuando el Dictador murió, el gasto público social representaba sólo el 14% del PIB, un poco más de la mitad del promedio (22%) de los países que más tarde constituirían la UE-15. No existe plena conciencia en España del enorme retraso social y económico (además de político y cultural) que aquella dictadura supuso para las clases populares de España. En 1936, año en que tuvo lugar el golpe fascista, España tenía el mismo nivel de desarrollo que Italia. Cuando el dictador murió, España tenía sólo el 68% del nivel de riqueza que tenía Italia. El rechazo de la derecha española, el PP, a condenar (por nombre y sin paliativos) aquel régimen, es un indicador de su escasísima cultura democrática y es un hecho sin similitudes en Europa, donde la mayoría de las derechas ha condenado regimenes semejantes. La complicidad en esta insensibilidad de ciertas voces de izquierda, debiera indignar a cualquier persona con conciencia democrática. Es una vergüenza que España sea el único país que quiere procesar a un juez –Garzón- por querer enjuiciar aquel régimen. El hecho de que esta situación ocurra tiene mucho que ver con el retraso social de España, pues ambos hechos responden a la misma causa: el enorme poder de las fuerzas conservadoras, herederas de aquel régimen, en nuestro país.
La democracia en España, a pesar de las enormes insuficiencias existentes, permitió la expresión de los deseos populares, entre los cuales está, siempre, la expansión del estado del bienestar. Tal deseo, muy marcado en la segunda mitad de los años ochenta, con movilizaciones populares, permitió reducir el enorme déficit de gasto público social por habitante. Pero, en el año 1993, el gobierno PSOE, aliándose con la derecha catalana, CIU, dio prioridad a la reducción del déficit del estado (como instruía el Tratado de Maastricht) a base, no de aumentar los impuestos de las clases más pudientes, sino de disminuir el gasto público, incluyendo el gasto público social. Se inició así una política de austeridad del gasto público, incluyendo el social, (continuada y expandida por el gobierno Aznar) que explica que, cuando se alcanzó el equilibrio de las cuentas del Estado, España volviera a estar a la cola de la Europa Social. Los ingresos al estado, en lugar de continuar reduciendo el déficit de gasto público social se habían invertido en reducir el déficit del estado. En 2004, España estaba de nuevo a la cola de la UE-15 en gasto público social. El euro y la integración en la UE se había hecho a costa de su estado del bienestar.
El gobierno Zapatero, presionado por los partidos a su izquierda, incrementó notablemente el gasto público social, pero no lo suficiente para cubrir el enorme déficit que tenemos con la UE-15. En realidad, este déficit en 2006 (último año del que tenemos cifras homologables con la UE), es superior al existente en 1993 cuando se inició la austeridad de gasto social. Lo que es sorprendente es el silencio mediático y político sobre la existencia de este gran déficit. Y ello se debe al enorme poder de clase del 30% de la población, de mayor renta en el país, que no sufre las enormes insuficiencias de gasto público social (al utilizar los servicios privados) y se resiste a pagar los impuestos que le corresponden. Pero además de poder de clase, existe el poder de género. El machismo es el responsable de que las mayores carencias del estado del bienestar sean precisamente aquellos servicios, como los servicios de ayuda a las familias, que en España quiere decir mujer.