CC OO, UGT, CSIF y STEC denuncian "maniobras oscurantistas" de la Consejería en el CP Vital Alsar de Cueto

Los sindicatos CC OO, UGT, CSIF y STEC han denunciado "maniobras oscurantistas" por parte de las direcciones generales de Política Educativa y Personal de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria en el Colegio Público Vital Alsar de Cueto, en Santander.

Javier Ramírez, secretario general de Enseñanza de CC OO

En un comunicado, las formaciones sindicales, -que pertenecen a Junta de Personal Docente de la región-, acusan al Departamento que dirige Rosa Eva Díaz Tezanos de "ocultar sistemáticamente información" en la ocupación, escolarización, dotación de profesorado y alumnado en este centro educativo público, que se está "entregando a una asociación privada" para convertirse en "exclusivista".

A juicio de estos sindicatos, los "movimientos" realizados por el director general de Coordinación y Política Educativa, Ramón Ruiz, "rozan la ilegalidad", al permitir en el colegio la escolarización "masiva" de alumnado de zonas dispares de la Comunidad, "sin aplicar los criterios de cualquier otro centro público".

También advierten de la otras cuestiones, como "potenciar la salida" del profesorado existente tras mantener, según afirman, "conversaciones discretas con ciertos docentes afines a la asociación para cubrir las plazas disponibles en ese centro", todo ello "saltándose la legalidad" en la provisión de plazas.

Desde los sindicatos critican a la Consejería por "hacer la vista gorda" permitiendo la entrada y que "campen por todo el centro familias ajenas" al mismo, "al menos por el momento".

De centro público a segregacionista
"El director general está actuando de forma rayante en la prevaricación, al potenciar, indirectamente, que un centro de titularidad pública se convierta en colegio casi exclusivo de miembros de una asociación de familias privada", subrayan los sindicatos, quienes se temen que "en un futuro no muy lejano, se convierta en un centro segregacionista para el profesorado que ha de ser afín a un proyecto impuesto, para el alumnado que no siga dicho proyecto, o para las familias que no quieran o puedan seguir el ritmo pedagógico o económico impuesto".

"Todo parece indicar que el actual director general de Coordinación y Política Educativa está utilizando un centro público como si de una finca privada se tratase, gestionándolo a su antojo, emulando así otras actuaciones llevadas a cabo en otras Comunidades Autonómicas, alejadas totalmente del servicio público que es la educación.

Señalan por último que todas estas actuaciones suponen un "ataque directo" hacia un servicio público como la educación y a los derechos de los trabajadores, "al entregar un centro público a una asociación privada, excluyendo al alumnado actual, suprimiendo al profesorado definitivo en ese centro, nombrando profesorado en connivencia con la asociación, sin publicitar, sin informar, sin ofertar puestos escolares, sin abrirlo al entorno, creando un centro exclusivista".