EL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO MANIFIESTA SU INQUIETUD POR LAS REPERCUSIONES QUE ESTÁN TENIENDO LOS RECORTES PRESUPUESTARIOS EN EDUCACIÓN
1. El pasado 12 de abril, el
2. En esta situación,
3. La aplicación de estos recortes supone una contradicción con los pronunciamientos de organismos internacionales, como los que mencionábamos en la propuesta del 12 de abril, y con los de las propias autoridades que ahora los promueven, y los reducen, en la práctica, a buenos deseos. Nos referimos a la proclamada importancia de la educación para el desarrollo económico y social del país, especialmente en estos tiempos de crisis que afrontamos, o a la reiterada afirmación del decisivo papel del profesorado en la educación de los jóvenes que no se corresponde, en absoluto, con las medidas que les afectan ni con apreciaciones poco meditadas sobre su jornada de trabajo con vistas a justificarlas.
4. Dos aspectos preocupan especialmente al Consejo: La desigual incidencia que estos recortes están teniendo en las diferentes Comunidades autónomas, con independencia del signo político de quienes las rigen, que puede ahondar la diferencia de trato al alumnado en el servicio que se les presta y, en definitiva, puede poner en peligro la exigencia constitucional de igualdad de derechos y obligaciones “en cualquier parte del territorio del Estado” que establece el artículo 139 de la CE. Y, en un plano más concreto, la previsible fractura de la tendencia al descenso de las tasas de abandono y fracaso escolar registrada en los dos últimos años.
5. Por todo ello, la Comisión Permanente del Consejo se dirige a las personas e instituciones implicadas y les expone estas peticiones:
Primera
Reitera a las Administraciones educativas la petición de que, en su empeño por reducir el déficit ante la situación de crisis económica a la que nos enfrentamos, no pongan en peligro un servicio público que, junto a otros igualmente importantes, constituye la columna vertebral de la cohesión social de la nación.
Segunda
Asimismo, el Consejo Escolar del Estado solicita a las Administraciones educativas que, para superar las graves deficiencias existentes, negocien con los legítimos representantes del profesorado la retirada de los decretos e instrucciones que han propiciado esta situación, a fin de lograr el imprescindible consenso de todos los sectores de la comunidad educativa, y asegurar así el correcto funcionamiento del sistema educativo.
Madrid, a 11 de octubre de 2011
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